Es posible manejar el patrimonio personal para pagar menos impuestos en el IRPF. Pocos días son los que quedan ya para cerrar 2013. Un tiempo suficiente, sin embargo, para, en relación con la próxima declaración de renta, reducir los impuestos a pagar. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), “un contribuyente puede estar dejando de ahorrar de media 3.591 euros en su declaración de la renta por no acogerse antes de que termine el año a algunas de las deducciones más comunes y no aprovechar los cambios introducidos en la Ley del IRPF”. Bien es verdad también que lograr ese ahorro fiscal —no se incluye el ahorro tributario generado por la compensación de plusvalías con minusvalías— también tiene un coste: la inversión adicional que como media se necesita para agotar al máximo las deducciones suma 16.595 euros.
En la estimación de casi 3.600 euros de posible ahorro fiscal ante la declaración del IRPF de 2013 —se presentará en mayo de 2014— , la parte más significativa, según Gestha, se corresponde con las aportaciones a planes de pensiones (suman 2.245 euros). Dado que reducen directamente la base imponible del contribuyente —se rebajan sus ingresos generales—, en cierto modo garantizan “un ahorro fiscal desde un mínimo del 24,75% hasta un máximo del 52% de la inversión realizada, llegando al 56% en el caso de Andalucía, Asturias y Cataluña”. Como en ejercicios anteriores, estas están fijadas en un máximo de hasta 10.000 euros, 12.500 euros para mayores de 50 años (con límites del 30% y 50% de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas). Hay que recordar que si el cónyuge no dispone de rentas netas del trabajo ni de actividades económicas, o no son superiores a los 8.000 euros, se pueden hacer aportaciones adicionales a un plan de pensiones a su nombre por un máximo de 2.000 euros.
En torno a la vivienda se concentra el segundo capítulo más abultado de los posibles ahorros fiscales, con un promedio de 624 euros (amortizaciones adicionales de 4.163 euros), según Gestha. Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual o realizaran algún pago para su construcción antes del 1 de enero de 2013 mantienen el derecho a la desgravación en el año 2014 (15% sobre un máximo de 9.040 euros) y sucesivos siempre que hubieran deducido por esta vivienda en 2012 o en años anteriores. Para apurar al máximo esta posibilidad, las cuotas mensuales pueden tener un tope de 753,33 euros por persona y año. Por cada 1.000 euros de amortización anticipada (reducción del volumen de deuda), el ahorro fiscal es de 150 euros. Conviene recordar que las hipotecas firmadas antes del 20 de enero de 2006 perdieron ya el pasado año su derecho a compensación, que permitía aplicar un porcentaje del 20% de deducción sobre los primeros 4.507,59 euros.
La parte más complicada, pero también posiblemente más rentable, de lograr ahorros fiscales afecta a la obtención de ganancias y pérdidas patrimoniales. Desde el pasado 1 de enero, las ganancias obtenidas (venta de acciones, fondos de inversión…) en un plazo inferior a un año tributan en la base general del IRPF (por tanto, hasta por un 56%). Retrasar, aunque solo sea un día, una operación de este tipo directamente supone rebajar la carga fiscal hasta unos tipos fijos, que varían del 21% sobre los primeros 6.000 euros al 25% hasta 24.000 euros y el 27% por encima de esa cantidad. No compensará prorrogar la operación si el conjunto de rentas es bajo y se tienen tipos inferiores a estos.
Aún hay más: las pérdidas, cada una en su correspondiente plazo, se pueden compensar entre sí. En el caso de las pérdidas a corto plazo, si no hay suficientes ganancias, pueden utilizarse para reducir hasta el 10% del conjunto de rendimientos anuales del particular (y durante cuatro años). Se puede así no solo dejar de tributar por las ganancias, sino también por las rentas. El ahorro puede llegar al 56% de cada 1.000 euros de pérdidas.
Sobre desinversiones hay más alternativas fiscales para reducir impuestos, aunque estas están limitadas a determinados colectivos. Es el caso de quienes suscribieron antes del 20 de enero de 2006 seguros de vida e invalidez cuando estos generaban rendimientos en plazos superiores a los dos años, que al menos en este ejercicio siguen teniendo la posibilidad de aplicarse reducciones sobre los mismos entre el 40% y el 75%.
Como ya sucedía el pasado año, este también conviene si se puede elegir cuándo cobrar una renta del trabajo, siendo esta susceptible de ser reducida en un 40% (bonus o algunos premios de antigüedad irregulares, por ejemplo) y no sobrepasar el límite de 300.000 euros.
Aún hay otras tres recomendaciones adicionales lanzadas por los técnicos: realizar donativos a ONG, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, sindicatos…, dado que gozan de porcentajes de deducción de entre el 10% y el 25%; llevar a cabo aportaciones a cuentas ahorro-empresa (deducción del 15%, hasta el límite de 9.000 euros anuales) y contribuir a la financiación de los business angels o del capital semilla. La Ley de Emprendedores, aprobada el pasado mes de septiembre, establece, con efectos desde enero de este año, que los inversores que se incorporen al accionariado de estas empresas por un plazo que oscila entre 3 y 12 años tendrán derecho a una deducción del 20% en la cuota estatal del IRPF de la inversión realizada, siendo 50.000 euros anuales la base máxima de la deducción, limitada a una participación nunca superior al 40% del capital de la entidad.
Gestha reconoce que todos los declarantes pueden optimizar su declaración en función de su renta, aunque, en su opinión, son precisamente el 3,5% de los contribuyentes con mayores ingresos (aquellos que ganan más de 60.000 euros anuales) los que acaparan las mayores ventajas fiscales, por lo que la media de ahorro no representa realmente al ciudadano medio. De hecho, según estos expertos, el ahorro declarado con las cinco deducciones más comunes del IRPF se extiende desde los 1.357 euros de un asalariado mileurista hasta los 1.952 euros en el caso de ganar 30.000 euros anuales. Mientras alguien que ingresa más de 150.000 euros se está deduciendo unos 5.705 euros de media; quien disfruta de mayores ingresos consigue deducirse una media de 8.294 euros. La media del ahorro fiscal utilizando todas las deducciones suma 2.204 euros, según Gestha.
LA COMISIÓN EUROPEA RECELA DE LA POLÍTICA FISCAL ESPAÑOLA
La política tiene razones que la economía no entiende. "No hay margen para bajar impuestos en España", espetan hasta tres fuentes distintas de la Comisión Europea. La opinión del Gobierno es radicalmente opuesta: "Hay bastantes posibilidades de acometer rebajas fiscales", asegura uno de los ministros del Gabinete de Rajoy. El Gobierno se juega las elecciones en ese tira y afloja con Bruselas, que será una especie de compás en el tablero de la política económica de los próximos y decisivos meses. El pulso ha comenzado: técnicamente, las cuentas no salen —Bruselas insiste en que hay que hacer incluso más recortes para bajar el déficit—, pero aun así España va a jugar la partida política. Ha ganado credibilidad en Europa tras la salida del rescate bancario, y es una de las historias de éxito que Bruselas necesita contar ante las complicadas elecciones europeas, por mucho que los datos sean tozudos: las coordenadas de España son esos 0% de crecimiento, 25% de paro, 50% de caída del precio de la vivienda y 100% de deuda pública para mucho tiempo.
Con una Comisión que presenta un perfil político cada vez más débil por el calendario electoral, La Moncloa sabe que el tiempo está a su favor. Bruselas reclama un nuevo modelo tributario desde hace tiempo, y la agencia fiscal independiente emitirá en marzo un primer dictamen; los comicios europeos son en mayo, y para cuando la reforma se incluya en los presupuestos electorales de 2015 —en octubre—, la Comisión estará prácticamente de salida y es poco probable que se atreva a dar uno de esos papirotazos que han sido la norma para España en el último año y medio. Al cabo, pese a que los técnicos de Bruselas niegan tres veces, el viento en los despachos de las plantas altas ha empezado a cambiar. "España puede modificar su modelo fiscal para conseguir un sistema que incentive la creación de empleo y favorezca el crecimiento", explica con calculada ambigüedad el siempre ortodoxo vicepresidente Olli Rehn —que quiere liderar a los liberales en las europeas— a la pregunta de si el Gobierno tiene margen para bajar impuestos.
En realidad, cuando se escarba un poco, las respuestas son parecidas en Madrid y Bruselas; la melodía es similar. La Comisión cree que España no va a arriesgarse a perder la credibilidad que tanto le costó recuperar con apuestas radicales que no puede permitirse. Madrid es consciente de que su escaso margen depende de que la recuperación se asiente en España y de que no haya sobresaltos en la eurozona. En esas condiciones, las fuentes consultadas apuestan por una reforma que incluya rebajas selectivas en algunos impuestos y para algunos colectivos, pero que a la postre tenga lo que se denomina un efecto neutro. "Habrá bajadas de los tipos impositivos y aumentos de las bases imponibles, por ejemplo con la eliminación de deducciones, de manera que la recaudación, al menos en teoría, no caiga ni un céntimo", aventuran fuentes próximas al FMI.
Eso implica una especie de ejercicio de ventriloquia: vender bajadas en clave interna y neutralidad fiscal en el exterior. La cuadratura del círculo: cumplir con aquello de "bajar los impuestos en el plazo de un año" (Rajoy, a finales de agosto) y asegurar que España "sigue comprometida con la austeridad" (Guindos, cada vez que aparece por Bruselas). Una reforma más ambiciosa es políticamente factible, pero económicamente muy peligrosa. España presenta uno de los déficits más elevados de la UE y una deuda pública que avanza imparable hacia el 100% del PIB. Y necesita 35.000 millones más para cuadrar las cuentas públicas de los tres próximos años, según un cálculo de la Comisión que se presentó hace un par de semanas como una suerte de antídoto contra posibles locuras fiscales. En suma: técnicamente, no hay nada que hacer y la clave será cómo vender rebajas con efecto neutro; políticamente, Rajoy agotará todas sus bazas para conseguir algo más a sabiendas de que Bruselas, a medida que avance el año, se convertirá en la versión europea del pato cojo estadounidense (la etapa final de las presidencias, en la que los líderes no tienen margen).
Las últimas recomendaciones de Bruselas son inequívocas: España necesita más ingresos. La Comisión quiere una reforma integral para solucionar un viejo fracaso: comparativamente, España tiene una de las menores recaudaciones de la UE, pese a que los dos últimos Gobiernos han puesto en marcha fuertes subidas fiscales. Los ingresos fiscales están en torno al 37% del PIB (de los más bajos de Europa), y los gastos están en el 43% (zona media-baja). La receta histórica de Bruselas y del FMI era y es reducir la fiscalidad directa (IRPF y sociedades) y elevar la indirecta (IVA y especiales). Pero la Comisión ha ido más al detalle con el rescate a España: recomienda eliminar deducciones en sociedades, limitar la lista de productos que se benefician del IVA reducido y aumentar los impuestos medioambientales. Y en el IRPF, rebajar los tipos máximos, pero a su vez eliminar deducciones como la de los planes de pensiones y elevar la tributación sobre el ahorro. "No hay nada decidido, pero lo que pretende el Gobierno no es muy diferente de lo que pide Bruselas", dice un ministro.
Rajoy cree que la recuperación le va a dar margen. Ha remachado todos los clavos posibles para que el déficit de 2013 se acerque al objetivo. Y sus ideas fiscales, efectivamente, se parecen a las de Bruselas: bajada del IRPF, simplificación de sociedades con la supresión de deducciones (las mayores empresas del Ibex pagan un tipo efectivo del 5%) e implantación de tributos ambientales. A lo que se niega Cristóbal Montoro, pese a la presión de Bruselas y de Guindos, es a retocar el IVA.
La reforma tributaria es la reedición de una vieja batalla interna: en abril, Guindos quería bajar el IRPF en 2014 a cambio de más recortes. Montoro se impuso y eso se dejó para 2015. Ahora Rajoy busca algo de aire para aplicar la rebaja del IRPF en la segunda mitad de 2014. De momento no parece haberlo encontrado. De hecho, en La Moncloa preocupa el frenazo en las economías más importantes de Europa, especialmente en Francia, a la que se suma una reactivación española que nace con el motor gripado. El propio Rajoy señalaba el viernes que el Gobierno quiere ver cómo acaba el año y cómo arranca 2014 para saber qué espacio fiscal va a tener. "Entre poco y ninguno", cierra una fuente europea.
Las recomendaciones específicas para España incluyen "una revisión sistemática del modelo fiscal" para marzo de 2014.
- IRPF: Rebajar tipos marginales y elevar la tributación del ahorro. Para ello, apuesta por limitar deducciones de los planes de pensiones. Además, pide limitar la tributación por módulos para evitar el fraude.
- Impuesto de sociedades. Eliminación de deducciones. En general, apuesta por limitar el sesgo hacia la deuda, pero reclama medidas que favorezcan la inversión.
- Impuestos ambientales. Creación de nuevas figuras tributarias, en especial en lo relativo a las gasolinas.
- Cotizaciones sociales e IVA. En recomendaciones de años anteriores (2011), recomendaba bajarlas a cambio de subir el IVA. En el impuesto sobre el consumo, reclama reducir la lista de productos gravados a tipo reducidos.
La convergencia con la Unión Europea, un objetivo que se dio por conquistado en la década pasada, no deja de alejarse desde que irrumpió la crisis financiera en 2008. La agencia europea de estadísticas, Eurostat, publicó este jueves la revisión de los datos de renta por habitante en 2012, el indicador más empleado para medir si la brecha económica se achica o se amplía. Una revisión que ha empeorado la posición relativa de España: si en junio Eurostat avanzó que el PIB per cápita español equivalía al 97% del media de la UE, ahora sitúa ese indicador en el 96%.
La marcha atrás de la economía española en este proceso de convergencia con la UE es ya de 14 años: la renta por habitante española, que también se quedó en ese 96% en 2011, no estaba tan lejos del promedio europeo desde 1998, justo en la antesala de la creación de la zona euro. La adopción de la moneda única contribuyó a abaratar de forma radical los costes de financiación de la economía española, que se acercó al resto de Europa a marchas forzadas. En 2002 el PIB per cápita español era ya mayor que el de la UE; en 2007, el efímero sorpasso (se superó la renta por habitante italiana) inflamó los ánimos del Gobierno socialista, que aventuró que Francia estaba al alcance. Pero entonces reventó la burbuja inmobiliaria, afloraron los desequilibrios acumulados por la economía española y el sueño de la convergencia se volatilizó.
Otros países de la zona euro, como Italia, Irlanda o Grecia, han sufrido retrocesos más intensos en ese proceso de convergencia, pero ninguno ha quitado tantas hojas al calendario como la economía española. Además, las previsiones de la Comisión Europea y del propio Gobierno español anticipan que lo más probable es que este año tampoco se recupere terreno. Se pronostica otra marcha atrás de la economía española (el PIB bajará un 1,3%), frente al estancamiento previsto para el conjunto de la UE en 2013. Solo el descenso de la población, otro efecto colateral de la crisis que ya empezó en 2012, matizará la divergencia económica (si la población cae, la renta por habitante es mayor). Si en junio próximo Eurostat confirma estas previsiones, España habrá perdido década y media antes de comenzar a recuperar terreno en 2014.
España y Portugal eran los dos países con menor renta por habitante entre los 11 países que crearon la zona euro en 1999, y ahí siguen. Entre los 17 integrantes que conforman ahora el área (Letonia se incorpora en 2014), España ocupa la décima posición —tras la revisión de los datos, el PIB per cápita español equivale el 88% de la media de la zona euro— y Portugal, la decimocuarta. Luxemburgo vuelve a ocupar el primer puesto, aunque aquí la cifra (duplica ampliamente la renta promedio en la UE), está inflada por los ingresos de personas que trabajan en el Gran Ducado, pero residen en algún país fronterizo.
Para hacer la comparación entre países, Eurostat elimina las diferencias de niveles de precio y calcula el PIB en paridad de poder de compra, de modo que un euro represente el mismo volumen de bienes y servicios en todos los países. Pero Eurostat va más allá de esta correción, que permite una comparación homogénea. La agencia, en línea con la OCDE, considera que el PIB per cápita es un buen indicador para reflejar “el nivel de actividad económica”, pero no el grado de bienestar de los habitantes de un país.
Para hacer una aproximación estadística al bienestar, Eurostat ha elaborado un nuevo indicador, que mide el consumo global de los hogares y presenta los datos también per cápita. Incluye aquí todos los bienes y servicios consumidos, ya los paguen las familias o los provean Gobiernos (educación y sanidad pública, por ejemplo) y organizaciones sin ánimo de lucro. En esta medida del bienestar, España está aún más lejos de la media europea (un 92% en 2012), y no ha dejado de caer. Eurostat no detalla hasta qué punto los recortes presupuestarios han podido incidir en esa merma de bienestar.
UNA POLÍTICA ECONÓMICA DISTINTA ES POSIBLE PERO A LA UE NO LE GUSTA
La situación de Francia inquieta. Desde que hace más de un año el semanario The Economist definió al país como “una bomba de relojería en el corazón de Europa”, la prensa anglosajona y parte de la local no se cansan de señalar sus males: un mercado laboral demasiado rígido, impuestos y costes laborales excesivos, deuda pública disparada, un crecimiento nulo, desempleo alto y un presidente, el socialista François Hollande, que parece estar desbordado por la situación y hundido en las encuestas de popularidad. Ante estos problemas, Berlín, Bruselas y la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P), que acaba de rebajar la nota del país, coinciden en la receta: más esfuerzos para atajar el déficit y, sobre todo, para devolver a Francia a la senda de la competitividad.
Tras la decisión de S&P, Hollande soltó una de esas frases que tienen el don de desquiciar a sus opositores: “Mantendré la estrategia, que es la nuestra, el rumbo, que es el mío”. El Gobierno ha defendido una forma propia de afrontar la crisis, un modelo que difiere del de sus vecinos.
Para reducir el déficit hasta el 4,1% este año, París ha priorizado la subida de ingresos fiscales, cuando lo habitual en otros países han sido los recortes; y ha buscado acuerdos en reformas como la laboral, pactada entre las patronales y la mayoría de los sindicatos. Se ha resistido, en definitiva, a reducir su envidiado Estado de bienestar, que muchos consideran ya obsoleto, un vestigio de tiempos mejores.
Lógicamente, la quinta economía mundial se resiste a ser considerada el enfermo de Europa y tiene algunos argumentos que ofrecer. “Francia tiene importantes ventajas, incluida una demografía dinámica, una productividad entre las más altas de la OCDE —59,49 dólares frente a los 58,26 de Alemania—, una posición como líder global en sectores clave, como el aeroespacial o los transportes, así como infraestructuras de alta calidad”, dijo el año pasado Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE.
“Claramente, mi país es atractivo”, se entusiasmaba hace unos días Serge Boscher, director de la agencia francesa para las inversiones internacionales (AFII), durante un encuentro con periodistas españoles en París, invitados por la agencia. “Somos el segundo destino europeo para la inversión productiva, por detrás de Reino Unido. Somos un gran mercado y servimos de puente hacia el resto de Europa, África y Oriente Próximo. Tenemos una mano de obra muy formada, y un buen ecosistema para las empresas que quieren invertir en I+D”, aseguraba.
Los mercados parecen darle la razón. Pese a la rebaja de S&P, Francia se financia a costes históricamente bajos, con unos tipos de interés en los bonos a 10 años en torno al 2,4%, lejos del 4% de hace apenas tres años.
Entonces, ¿tiene Hollande motivos para estar preocupado? Sí. El presidente ha llevado a cabo, desde su elección en mayo de 2012, un delicado número de equilibristas entre las exigencias de Bruselas y las de sus votantes, un ejercicio con el que ha conseguido una hazaña: disgustar a todos. En Bruselas y Berlín, el optimismo del Ejecutivo, que atisba un cambio en la curva del paro, no es contagioso. El crecimiento imparable de la deuda pública, que alcanza ya la cifra récord del 93,4% del PIB, preocupa. También inquieta la receta elegida por Hollande para alcanzar el objetivo de déficit del 3% en 2015, tras lograr un plazo extra de los socios comunitarios. Las repetidas subidas de impuestos suscitan recelo y son acusadas de restar competitividad a las empresas galas. “La disciplina presupuestaria debe pasar por una bajada del gasto público y no por nuevos impuestos”, declaró el vicepresidente de la Comisión Europea, Oli Rehn, el pasado agosto. Mientras Francia siga teniendo el gasto público más elevado de la zona euro —el 57% del PIB—, unos costes laborales unitarios de los más altos de Europa —35,4 euros frente a los 32,68 de Alemania o los 20,85 de España— y un mercado laboral juzgado poco flexible, pese a la reforma aprobada este año, no parece que las exigencias de mayores reformas vayan a cesar.
De hecho, el mensaje ha empezado a calar en un Gobierno que ve con preocupación su pérdida de competitividad. “Francia está reformándose, cambiando respecto a sus finanzas públicas y su competitividad”, prometió hace un mes el ministro de Economía, Pierre Moscovici.
El presupuesto para 2014 dibuja las primeras grietas en el modelo que había defendido el Ejecutivo hasta la fecha y da prioridad a un mayor control del gasto. Contempla 15.000 millones de recortes —9.000 en la Administración y 6.000 en los gastos sociales, incluidos ahorros de 2.400 millones en la Seguridad Social— y una subida de impuestos de 3.000 millones. En 2013, en cambio, el presupuesto recogía un ajuste de 30.000 millones: 20.000 en subida de impuestos y 10.000 en reducción del gasto. El Gobierno también ha escuchado a las empresas, que se beneficiarán de una rebaja del 4% del coste laboral, gracias a un crédito fiscal de 10.000 millones para “la competitividad y el empleo” en 2014 y otro similar, en 2015.
El optimismo de Hollande tampoco convence en Francia. La población vive con frustración el alto desempleo —el 10,5% en el tercer trimestre, según el instituto nacional de estadísticas francés, la mayor tasa desde 1997—, el cierre de fábricas y las deslocalizaciones. Está harta de las subidas de impuestos. En enero, el tipo general del IVA pasará del 19,6% al 20%, y el medio, del 7% al 10%.
Su apuesta por el diálogo social empieza a ser vista como una falta de ideas, cuando no como una muestra de incompetencia. Una imagen que recientes episodios, como el de la suspensión de la ecotasa para los camiones, ante las protestas del sector, no contribuyen a mejorar.
Entre un vecino alemán que parece inalcanzable y la competencia de países cuyos costes laborales son más bajos, como España, a Hollande se le multiplican los retos. Tendrá, sin embargo, que encontrar la forma de reactivar un crecimiento que ha sido prácticamente nulo este año, de atajar el paro, de cumplir las exigencias de Bruselas y de mejorar la competitividad de las empresas. Todo ello sin empeorar demasiado las condiciones laborales de los trabajadores y del Estado de bienestar. Una labor ingente que quizá solo pueda conseguir un equilibrista como él.
Toulouse es un ejemplo de lo que Francia aspira a ser. Dinámica, innovadora, joven y abierta al extranjero. En esa ciudad, la crisis no parece haber hecho estragos y se respira un optimismo desconocido en el resto del país. Mientras el empleo caía en 2012 un 0,4% a nivel nacional, subía un 2,8% en esta ciudad del suroeste del país. ¿A qué se debe esa fortaleza?
La respuesta aparece tarde o temprano en cualquier conversación con los empresarios locales: Airbus. El gigante europeo del sector aeronáutico tiene su sede en Toulouse, donde ensambla sus aviones comerciales y contrata a 22.000 empleados. En la ciudad se calcula que por cada tres empleos que crea Airbus, se crean otros dos en otras empresas. Una extraordinaria locomotora que sigue creciendo.
Ahora, la cuarta área urbana de Francia (1,2 millones de habitantes) intenta diversificarse, con el objetivo de reducir su independencia con respecto al sector aeronáutico. El foco está puesto en el sector sanitario con la creación de Oncopôle, un centro de investigación oncológica que aspira a ser una referencia en Europa; las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y el llamado turismo de negocios.
Texto extraído del diario "El País", edición de 15 de diciembre de 2013
Actividad:
- Lectura del texto
- Política Económica y manejo de la fiscalidad desde los Estados y familias
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